Frases como "todos somos iguales ante la ley" o "la justicia es igual para todos" se oyen todos los días en los medios de comunicación: radio, televisión, internet... Incluso el rey de España se encargó de recordarlo a los españoles en su último discurso de Nochebuena. Aunque en los últimos tiempos la Casa Real debe estar preocupada por comportamientos de alguno de sus miembros, calificados por ellos mismos como "no ejemplares". Nuestra Constitución en su artículo 14 establece la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Asimismo, establece la máxima protección dentro del ordenamiento, pues en el artículo 53 dice que cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 [...] ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Por tanto, estamos hablando de un derecho fundamental que el constituyente quiso darle relevancia pues la igualdad ante la ley es una de las grandes conquistas del Estado de Derecho.
Una vez delimitada la igualdad ante la ley, ya los constituyentes observaron que una cosa es la igualdad ante la ley y otra la situación de las personas que por su diverso origen social y económico no existe una igualdad efectiva entre ellas. Así, la Constitución en su artículo 9, Título Preliminar, señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Haciendo un reconocimiento implícito de que la igualdad efectiva dentro de la sociedad no existe. Por tanto, debe el Estado Social y Democrático de Derecho poner la bases para conseguir la mayor equidad posible dentro de la sociedad.
Pero en la actualidad cuesta trabajo afirmar que el derecho fundamental a la igualdad sea respetado en España por las situaciones particulares de personas que amparadas en su influencia social, política o económica mueven los resortes del poder en provecho propio, saltándose los procedimientos la mayoría de las veces, e incluso forzando a los legisladores y al poder ejecutivo a hacer normas ad hoc. Un banquero es condenado en firme, y desde el ejecutivo se establece una norma para que no se tenga en cuenta esa condena y así pueda seguir de directivo del banco. Hecho escandaloso que la opinión pública ha condenado y que ha terminado con el abandono del puesto del banquero en cuestión. Otro ejemplo es la amnistía fiscal del gobierno del Partido Popular, con el pretexto de conseguir más contribuyentes para la Hacienda Pública hacen una regularización donde personas físicas y jurídicas han podido legalizar ingentes cantidades de dinero a un precio irrisorio, y dando un ejemplo muy negativo de que el fraude fiscal sale barato en España.
Un caso paradigmático de connivencia del poder económico y de los grupos de presión con los legisladores lo tenemos en la modificación del artículo 305 del Código Penal, De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que se ha realizado por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que permite a los defraudadores que han sido descubiertos por investigaciones o revelación de secretos bancarios, como la lista Falciani, en lugar de ser imputados por la Fiscalía, el apartado 4 del art. 305, les permite regularizar la situación tributaria antes de que la Administración intervenga.
Ahora bien, los casos de corrupción están causando una verdadera alarma social en nuestro país en la actualidad. Ante una situación económica lamentable, con una cifras de paro insoportables, un día sí y otro también, los españoles vemos como personas que han estado y están en el poder se han enriquecido de una forma obscena con dinero público. Las causas de la corrupción son bien conocidas: un boom inmobiliario resultado de una ley del suelo de 1998 de consecuencias nefastas para nuestra economía, una Ley de Contratos de la Administraciones Públicas que ha permitido a las distintas administraciones comportamientos irregulares y fraudulentos.
La población en su conjunto contempla asombrada y estupefacta como los responsables de muchas de las entidades bancarias que han llevado a cabo una gestión negligente, se han llevado indemnizaciones millonarias. Esas entidades han tenido que ser rescatadas por el Estado aportando grandes cantidades de dinero público para equilibrar sus balances. Pues bien, esas mismas entidades de crédito, han realizado malas prácticas que están siendo investigadas por los tribunales: obligaciones preferentes, las subordinadas, etc., que pueden ser calificadas sin ningún género de duda como verdaderas estafas a personas, la mayoría mayores de edad, que tenían en esos bancos y cajas, sus ahorros de toda una vida. Además, y debido a la situación económica las familias con sus miembros en el desempleo no pueden hacer frente a una hipotecas desorbitadas por el aumento del precio de la vivienda que propició la burbuja inmobiliaria. Como consecuencia el desahucio, miles de familias han sido lanzadas de su vivienda habitual. Ha tenido que venir una norma de carácter europeo para poner coto a esta situación lamentable, así los tribunales españoles están barajando otras opciones para que el impago de las hipotecas no desemboque irremediablemente en el desahucio.
Pero en estas fechas que se conmemora el nacimiento del 15-M, tenemos que destacar que la sociedad civil aunque está adormecida y atemorizada como bien decía José Luis Sampedro, también da muestras de vitalidad y de lucha por los derechos de los ciudadanos. Ejemplos como la Plataforma contra los desahucios, la marea blanca de Madrid en defensa de una sanidad pública y la marea verde en defensa de una educación pública y de calidad. Todos estos ejemplos nos permiten concluir que debemos defender la democracia representativa, los ciudadanos debemos votar en las distintas elecciones a los partidos políticos, aunque deben ser más democráticos en su funcionamiento interno. Pero además la democracia debe ser participativa, tenemos que defender los derechos que han sido conquistados con mucho esfuerzo por esta sociedad: una educación pública de calidad, una sanidad avanzada, un sistema de pensiones justo, en definitiva, tenemos que conseguir que las diferencias no se acrecienten en nuestra sociedad y se pueda conseguir ese principio y valor superior de nuestro ordenamiento jurídico que es la igualdad.
Una vez delimitada la igualdad ante la ley, ya los constituyentes observaron que una cosa es la igualdad ante la ley y otra la situación de las personas que por su diverso origen social y económico no existe una igualdad efectiva entre ellas. Así, la Constitución en su artículo 9, Título Preliminar, señala que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Haciendo un reconocimiento implícito de que la igualdad efectiva dentro de la sociedad no existe. Por tanto, debe el Estado Social y Democrático de Derecho poner la bases para conseguir la mayor equidad posible dentro de la sociedad.
Pero en la actualidad cuesta trabajo afirmar que el derecho fundamental a la igualdad sea respetado en España por las situaciones particulares de personas que amparadas en su influencia social, política o económica mueven los resortes del poder en provecho propio, saltándose los procedimientos la mayoría de las veces, e incluso forzando a los legisladores y al poder ejecutivo a hacer normas ad hoc. Un banquero es condenado en firme, y desde el ejecutivo se establece una norma para que no se tenga en cuenta esa condena y así pueda seguir de directivo del banco. Hecho escandaloso que la opinión pública ha condenado y que ha terminado con el abandono del puesto del banquero en cuestión. Otro ejemplo es la amnistía fiscal del gobierno del Partido Popular, con el pretexto de conseguir más contribuyentes para la Hacienda Pública hacen una regularización donde personas físicas y jurídicas han podido legalizar ingentes cantidades de dinero a un precio irrisorio, y dando un ejemplo muy negativo de que el fraude fiscal sale barato en España.
Un caso paradigmático de connivencia del poder económico y de los grupos de presión con los legisladores lo tenemos en la modificación del artículo 305 del Código Penal, De los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, que se ha realizado por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, que permite a los defraudadores que han sido descubiertos por investigaciones o revelación de secretos bancarios, como la lista Falciani, en lugar de ser imputados por la Fiscalía, el apartado 4 del art. 305, les permite regularizar la situación tributaria antes de que la Administración intervenga.
Ahora bien, los casos de corrupción están causando una verdadera alarma social en nuestro país en la actualidad. Ante una situación económica lamentable, con una cifras de paro insoportables, un día sí y otro también, los españoles vemos como personas que han estado y están en el poder se han enriquecido de una forma obscena con dinero público. Las causas de la corrupción son bien conocidas: un boom inmobiliario resultado de una ley del suelo de 1998 de consecuencias nefastas para nuestra economía, una Ley de Contratos de la Administraciones Públicas que ha permitido a las distintas administraciones comportamientos irregulares y fraudulentos.
La población en su conjunto contempla asombrada y estupefacta como los responsables de muchas de las entidades bancarias que han llevado a cabo una gestión negligente, se han llevado indemnizaciones millonarias. Esas entidades han tenido que ser rescatadas por el Estado aportando grandes cantidades de dinero público para equilibrar sus balances. Pues bien, esas mismas entidades de crédito, han realizado malas prácticas que están siendo investigadas por los tribunales: obligaciones preferentes, las subordinadas, etc., que pueden ser calificadas sin ningún género de duda como verdaderas estafas a personas, la mayoría mayores de edad, que tenían en esos bancos y cajas, sus ahorros de toda una vida. Además, y debido a la situación económica las familias con sus miembros en el desempleo no pueden hacer frente a una hipotecas desorbitadas por el aumento del precio de la vivienda que propició la burbuja inmobiliaria. Como consecuencia el desahucio, miles de familias han sido lanzadas de su vivienda habitual. Ha tenido que venir una norma de carácter europeo para poner coto a esta situación lamentable, así los tribunales españoles están barajando otras opciones para que el impago de las hipotecas no desemboque irremediablemente en el desahucio.
Pero en estas fechas que se conmemora el nacimiento del 15-M, tenemos que destacar que la sociedad civil aunque está adormecida y atemorizada como bien decía José Luis Sampedro, también da muestras de vitalidad y de lucha por los derechos de los ciudadanos. Ejemplos como la Plataforma contra los desahucios, la marea blanca de Madrid en defensa de una sanidad pública y la marea verde en defensa de una educación pública y de calidad. Todos estos ejemplos nos permiten concluir que debemos defender la democracia representativa, los ciudadanos debemos votar en las distintas elecciones a los partidos políticos, aunque deben ser más democráticos en su funcionamiento interno. Pero además la democracia debe ser participativa, tenemos que defender los derechos que han sido conquistados con mucho esfuerzo por esta sociedad: una educación pública de calidad, una sanidad avanzada, un sistema de pensiones justo, en definitiva, tenemos que conseguir que las diferencias no se acrecienten en nuestra sociedad y se pueda conseguir ese principio y valor superior de nuestro ordenamiento jurídico que es la igualdad.
Manuel Espinosa Ramírez
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